Los Ángeles (EE. UU.). La Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, ha presentado una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias de «ciudad santuario». Según la demanda, estas políticas interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del Gobierno federal.
La demanda presentada en el Distrito Central de California menciona a la alcaldesa de Los Ángeles como una de las acusadas. Asimismo, se ha contado con la presencia de la demócrata Karen Bass, así como del concejo municipal y del presidente del mismo, Marqueece Harris-Dawson.
El documento presentado señala a la ciudad de haber iniciado el proceso para convertir en ley sus políticas de ciudad santuario tras el triunfo de Trump. Cabe recordar que dicha plataforma se centró en la deportación de millones de inmigrantes que ingresaron al país de manera irregular.
La demanda hace referencia a la ordenanza «Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement», aprobada por Bass en diciembre de 2024, que restringe el uso de recursos municipales por parte de las agencias federales de inmigración para llevar a cabo operativos migratorios o detenciones en el ámbito local. Esta medida, según la demanda, tiene como objetivo obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración.
«Al asistir a individuos extranjeros sujetos a deportación en la evasión de la aplicación de la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la ciudad ha contribuido a la creación de un entorno anárquico e inseguro que esta demanda ayudará a eliminar», declaró el fiscal federal Bill Essayli para el Distrito Central de California, en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
La demanda interpuesta acusa a la ciudad de impedir que los funcionarios colaboren con las autoridades de inmigración, tales como el Servicio de Control de Inmigración. Asimismo, se hace referencia a las Aduanas y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América.
Además, se destaca que la ciudad está incurriendo en prácticas discriminatorias contra el gobierno federal y sus autoridades de inmigración al negarles acceso a recursos esenciales.
También se alega que la ciudad ha fomentado actos de resistencia y disturbios relacionados con operativos federales de inmigración. Esto incluye episodios de violencia contra agentes, y que ha llevado a cabo acciones que constituyen obstrucción a la justicia.
La demanda se presenta durante la cuarta semana de operativos migratorios en el estado de California, semanas después de que estallaran protestas contra la presencia de ICE en la ciudad, que llevaron al presidente Trump a enviar 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California, sin contar con el permiso del gobernador del estado, una medida que no se tomaba hace 60 años.
Si bien Los Ángeles aprobó desde hace algunos meses declararse oficialmente ciudad santuario de inmigrantes, su Policía ha mantenido por casi 50 años la Orden Especial que prohíbe a los oficiales iniciar contacto con una persona con el único propósito de determinar su estatus migratorio.
