Un total de seis organizaciones de izquierda han expresado su desacuerdo con el proyecto de Código Penal en estudio por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Dichas organizaciones han calificado el proyecto como una «atrocidad jurídica» y una «iniciativa neofascista», argumentando que dicha normativa recorta los derechos fundamentales de las mujeres y del pueblo dominicano en su conjunto.
El Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Caamañista (MC), el Partido Patria para Todos y Todas (PPT), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), la Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) han emitido un comunicado en el que expresan su rechazo a la propuesta impulsada por el senador Rogelio Genao. En el comunicado, dichas entidades también denuncian que el proyecto en cuestión se pretende imponer con el respaldo de las altas instancias del poder.
Las organizaciones señalan que el proyecto penaliza el aborto en todas sus formas, incluso en casos de violación, incesto o inviabilidad fetal, elevando además las penas para las mujeres y el personal médico que intervenga en tales procedimientos.
Asimismo, se ha expresado una preocupación por la ambigüedad en la penalización del uso de métodos anticonceptivos.
Se ha expresado una crítica a la propuesta debido a que, entre otras cuestiones, elimina la figura del feminicidio como homicidio agravado, reduce las sanciones por corrupción y mantiene la jurisdicción militar para crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, lo que, según afirman, perpetúa la impunidad.
Asimismo, se ha expresado la preocupación por la exclusión de ciertos delitos graves del Código, tales como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, delegados a leyes especiales.
Por otra parte, se ha denunciado que el proyecto en cuestión tiene la capacidad de criminalizar la protesta social, restringir aún más la libertad de expresión mediante sanciones por difamación e injuria, y eliminar protecciones contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.
Se ha señalado asimismo que se está institucionalizando la discriminación contra la comunidad LGBTQ+ al permitir que los prestadores de servicios aleguen «libertad de conciencia» para negarse a atender a las personas pertenecientes a dicha comunidad.
Las organizaciones han manifestado su preocupación ante lo que consideran una propuesta que consolida una visión autoritaria y excluyente del Estado. Advierten que, de aprobarse, esto podría desencadenar una oleada de protestas.
