El Ministerio Público lanzó una operación para desarticular una red criminal que obtenía contratos de seguridad privada en instituciones públicas mediante sobornos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución, ejecutó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago, arrestando a 14 personas vinculadas a esta red.
Según un comunicado de la Procuraduría General de la República, el operativo contó con la participación de 26 fiscales y 189 agentes policiales, quienes intervinieron para desbaratar esta estructura que afectó a varias entidades estatales, entre ellas:
• Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
• Seguro Nacional de Salud (Senasa)
• Empresas Distribuidoras de Electricidad del Norte, Este y Sur (EdeNorte, EdeEste, EdeSur)
El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará medidas de coerción contra los detenidos.
Esta investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, bajo la dirección de Milagros Ortiz Bosch.
Las pesquisas continúan bajo la supervisión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien impulsa una estrategia integral para combatir la corrupción y el crimen en todas sus formas.
Este caso refleja un problema persistente en varios países: la infiltración de redes corruptas en contratos públicos, especialmente en áreas sensibles como la seguridad privada. Según expertos en transparencia, la lucha contra estas prácticas requiere no solo operativos policiales, sino también reformas en los procesos de licitación y mayor vigilancia ciudadana para garantizar la integridad en el manejo de recursos públicos.
