En un acto desde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 47-25, estableciendo un cambio significativo en cómo el Estado dominicano gestiona sus recursos. Esta normativa no solo moderniza el sistema de compras gubernamentales, sino que también establece nuevos estándares de claridad, eficacia y control en la inversión pública.
Abinader destacó que esta ley es un paso firme en la transformación del Estado, reafirmando el compromiso de su administración con la integridad, responsabilidad y el bienestar colectivo. “No es solo una norma, sino un compromiso palpable con la transparencia y el fortalecimiento institucional”, afirmó.
El mandatario también subrayó que una ley debe ir acompañada de medios para ejecutarla, por lo que anunció la provisión de recursos humanos, tecnológicos y financieros para garantizar su correcta implementación. Así, cada proceso de contratación reflejará los principios de equidad y responsabilidad.
Esta nueva legislación también se presenta como una herramienta clave contra la corrupción, limitando la discrecionalidad, reforzando controles y asegurando condiciones justas para los proveedores. Además, proyecta confianza para inversores y beneficia directamente a la ciudadanía, pues cada contrato representa inversiones en educación, salud, infraestructura y programas sociales.
El director general de Contrataciones Públicas detalló las principales innovaciones: mayor transparencia con procesos auditable; sanciones penales contra irregularidades; impulso a compras inclusivas con un 30% reservado para mipymes y empresas lideradas por mujeres; modalidades ágiles como convenios marco y licitaciones abreviadas; y la implementación de la plataforma digital EficomprasRD para compras menores, facilitando la transparencia y accesibilidad.
La ley también fortalece la cooperación entre entidades como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Unidad Antifraude de la Contraloría, para monitorear constantemente el sistema y evitar actos corruptos.
Este cambio normativo demuestra el compromiso del gobierno dominicano con una administración honesta y eficiente, donde cada peso público se utilice con responsabilidad y en beneficio directo de la sociedad. Con esta iniciativa, el país avanza hacia una gestión más moderna, equitativa y confiable en sus procesos de contratación.
