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Leyendo: Anulan contratación entre SENASA y Farmacard por violación a la Ley
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Anulan contratación entre SENASA y Farmacard por violación a la Ley

Ana García
Última actualización: agosto 15, 2025 8:49 PM
Ana García
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5 Min Lectura
Anulan contratación entre SENASA y Farmacard por violación a la Ley
Anulan contratación entre SENASA y Farmacard por violación a la Ley
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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha informado este viernes que ha aceptado la solicitud de investigación presentada por la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L., y ha declarado nula de pleno derecho la contratación directa realizada por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) con la razón social Farmacard, S.R.L., por violar lo dispuesto en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones.

El órgano rector ha emitido un comunicado de prensa en el que se informa que, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que el contrato en cuestión no se ajusta a ninguna de las exclusiones previstas en el artículo 6 de la Ley 340-06. Asimismo, se ha concluido que el servicio contratado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley Núm. 87-01 de Seguridad Social, sino que se clasifica como un servicio de naturaleza administrativa y tecnológica.

La Dirección General de Comercio y Pesca (DGCP) ha constatado que el procedimiento se realizó al margen de la normativa vigente, lo que ha supuesto una vulneración de principios esenciales como la legalidad, el debido proceso, la igualdad, la libre competencia, la transparencia y la publicidad.

“La decisión de la DGCP contó con la opinión técnica de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral (SISALRIL), que en su rol de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, así como de contribuir a fortalecer el Sistema Nacional de Salud, informó que tuvo acceso al contrato en cuestión y verificó que su objeto no estaba excluido de la aplicación de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones”, sostuvo la DGCP.

La institución reveló que SENASA consultó previamente a la firma de abogados Biaggi, S.R.L. para determinar la normativa aplicable, recibiendo como respuesta que la contratación no estaba sujeta a la Ley 340-06. Sin embargo, durante la investigación se comprobó que la misma firma actuó como representante legal de Farmacard, S.R.L. en una solicitud posterior ante la DGCP, lo que evidencia un conflicto de interés relevante en el caso.

Mediante la resolución RIC-0109-2025 la DGCP ordena:

1.    Anular el procedimiento de contratación directa y el contrato suscrito.

2.    Permitir que el contrato actual permanezca vigente por un plazo de 70 días hábiles para evitar que se vea afectada la continuidad del servicio a los afiliados, mientras el SENASA convoca un procedimiento competitivo conforme a la ley. La DGCP aclaró, que para efectos de la nulidad de la contratación se consideró el impacto en el interés general, motivo por el cual, se otorgó un plazo razonable para convocar un procedimiento de contratación conforme a normativa vigente, el cual se deberá llevar a cabo a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

3.    Dar seguimiento y acompañamiento al SENASA en la ejecución de este nuevo procedimiento.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, reiteró que ninguna institución que administre fondos públicos puede realizar contrataciones directas fuera de los casos expresamente excluidos por la ley, ya que estas prácticas lesionan los principios que garantizan la transparencia, la libre competencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

La resolución, que se encuentra disponible en la página web institucional de la DGCP, fue remitida al SENASA, a las partes involucradas, así como a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

Finalmente, la DGCP reafirmó su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley en todos los procesos de contratación pública, en defensa del interés general y de la correcta administración de los recursos del Estado.

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