El sector empresarial del país ha planteado la necesidad de ajustar los plazos establecidos en el Código de Trabajo para la entrega de las prestaciones laborales a empleados desahuciados. Se propone extender el período de entrega de estas prestaciones de diez días a un plazo de dos o tres meses, con la opción de un pago prorrateado en función del tiempo trabajado.
Además, los patrones proponen que las sanciones por infracciones laborales sean menos rigurosas para las pequeñas y medianas empresas en comparación con las grandes, ya que no todas tienen la misma capacidad de pago y algunas podrían enfrentar dificultades financieras que podrían llevar a su quiebra.
El senador Rafael Abon Duluc (Cholitín), en su calidad de presidente de la comisión especial encargada del proyecto de reforma del Código Laboral que se está debatiendo en la Cámara Alta, ha proporcionado la información esta mañana.
«Ellos propusieron, que no lo vemos descabellado, que se le pueda dar un plazo de dos o tres meses prorrateado al empleador para pagar las prestaciones… cuando los montos son muy altos», subrayó el representante senatorial de la provincia La Altagracia al enfatizar que la moción no es descabellada, ya que en ocasiones empresas pequeñas no disponen del dinero para pagar la cesantía en los 10 días establecidos, «y ahí viene el litigio».
«Una medida ‘salomónica’
Aunque las propuestas de los representantes de los empleadores aún no cuentan con la aprobación por parte de la comisión, Cholitín considera que la entrega escalonada de las prestaciones laborales «pudiera ser una medida salomónica».
«Fíjate que generalmente esas prestaciones son más altas que lo que ganan en un mes. Entonces, al final de cuentas también la cesantía es para que el trabajador tenga forma de cómo subsistir. Entonces, que ellos, que tanto de mutuo acuerdo, el empleador y el trabajador pueden llegar a un acuerdo. Eso no lo vemos descabellado, que se establezca algún tipo de plazo cuando las indemnizaciones son muy altas», sostuvo.
El legislador perremeísta resumió los puntos que abordó la comisión especial con los representantes de los trabajadores y empresarios en las reuniones por separado del pasado martes.
Dijo que habrá que conocer «y tal vez corregir» algunas situaciones, como por ejemplo, que los comisionados estuvieron de acuerdo con el sector empleador en relación a las multas a las empresas por infracciones laborales, un aspecto que «será revisado», por el equipo senatorial, «porque pueden ser muy excesivas».
«Lo que pasa es que algunas multas pueden llegar a millones de pesos. Entonces, se le da un trato igual a las micro y a las grandes empresas. Entonces, una empresa pequeña que le pongan una multa de 3 millones de pesos, como puede llegar a subir, pudiera dar lugar incluso al cierre de un establecimiento. Tal vez para una empresa grande dos o tres millones de pesos no sea una cosa para que peligre la empresa, pero pequeñas y medianas empresas con multas de millones de pesos podrían dar lugar hasta una quiebra. Entonces, por eso hay que pensar eso o clasificarlo bien, dependiendo del tipo de empresa», detalló.
Periodo de prueba laboral de seis meses
Otra de las propuestas que plantearon los representantes de los empleadores, una vez más, es que el periodo de prueba laboral de los trabajadores sea de seis meses, y no los tres establecidos en la ley actual.
«Lo que pasa es que nosotros discutimos eso la vez pasada. Entendemos que si bien es cierto que hay muchas empresas que son serias y no van a abusar de eso. Hay otras empresas que a los cinco meses y medio van a despedir a un trabajador», indicó Baron Duluc tras aclarar que el Congreso Nacional debe legislar para todo el pueblo y no sólo para un grupo.
Sin embargo, reconoció que hay empresas que son de trabajos especializados, las cuales el medio año de prueba laboral pudiera ser una opción; cosa que la comisión pondera, pero que no se ha discutido.
«Cuando sean empresas que requieren un nivel de tecnicismo muy alto de un tipo de empleado muy alto, pudiera subirse eso más (el tiempo de prueba). Muchas veces las empresas tienen que entrenar al personal, incluyendo alguna, por ejemplo, de zona franca, que nos hablaron de eso, y después que tú entrenes a un personal, que a veces dura tres meses entrenándolo. No es verdad que tú lo vas a despedir», ponderó.
Cesantía a trabajadora doméstica, el juez conciliador y frase «orientación sexual»
El senador precisó que el tema de las prestaciones laborales a las trabajadoras del hogar, se le establecieron derechos que antes no tenían.
Sobre la figura del juez conciliador para intermediar en los conflictos laborales, resaltó que se incluyó en el proyecto de ley cuando se aprobó en segunda discusión en la pasada legislatura ordinaria.
Aunque en principio la comisión especial entendía que no era necesario, la figura se volvió a tomar en cuenta en la reforma luego de los senadores escuchar nueva vez al tripartismo, según destacó el congresista.
«Se incluyó, porque ellos están muy de acuerdo con que eso es necesario, para evitar litigio», enfatizó.
Con relación al término «orientación sexual» que los senadores agregaron en el artículo 3 del proyecto legislativo, es un tema que los comisonados tendrán que discutir de nuevo.
Tope a las prestaciones
En cuanto a la propuesta de los empresarios, de tomar en cuenta el promedio de todos los salarios que ha tenido el trabajador dentro de la empresa para calcular la cesantía y ponerle un tope, Cholitín recordó que ha dicho siempre que todo se toca, «ahora, de que se cambia, es otra cosa».
«Ese punto que ellos dicen no es una idea tampoco descabellada, es una idea que pudiera analizarse también, pero todo lo va a decidir la comisión», aclaró.
Próxima reunión votarán propuestas
La comisión especial se reunirá la próxima semana para discutir las propuestas apoderadas y decidir sobre las mismas.
