Este lunes, el Senado de la República aprobó, con carácter de urgencia, un incremento de 10 627 millones de pesos dominicanos en la Ley 90-24, que regula la colocación de deuda pública, elevando el techo de 350 990 millones a 361 618 millones de pesos dominicanos. Esta medida permitirá al Poder Ejecutivo contratar nuevos préstamos con entidades financieras durante lo que queda de año.
El Gobierno, a través del presidente Luis Abinader, ha justificado esta medida como parte de una política fiscal «contracíclica» destinada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La bancada de la Fuerza del Pueblo (FP) votó en contra, alegando que el país se encuentra en un proceso de endeudamiento que compromete a futuras generaciones. El vocero de los senadores, Eduard Espiritusanto, afirmó que “ya hasta la sexta generación debe dinero” y criticó lo que calificó como falta de previsión en la conducción de la política económica.
De su lado, la senadora oficialista Ginette Bournigal defendió la aprobación, señalando que con estos recursos se han ejecutado obras como carreteras, techados, puentes y escuelas. Sin embargo, el senador opositor Félix Bautista cuestionó que el proyecto no especifica el destino de los fondos, lo que motivó su rechazo.
La pieza pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá ser aprobada en dos lecturas antes de su envío al Poder Ejecutivo para promulgación.
