Después de un reportaje en el que se divulgaron las denuncias confirmadas por comunitarios y agentes de la Policía Nacional sobre cómo delincuentes utilizaban cámaras de video para vigilar las acciones de los organismos de seguridad en Guachupita, en el Distrito Nacional.
Transcurridas unas horas, un grupo de más de 15 agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) se personaron en la calle Ramón Matías Mella de la localidad mencionada. Durante el transcurso del acto, los agentes fueron observados mientras ascendían por unas escaleras móviles con el propósito de desinstalar los dispositivos de seguridad previamente instalados en los postes de luz, los cuales estaban siendo gestionados por individuos de dudosa reputación.
Con el propósito de verificar la situación, el pasado 28 de septiembre, dos reporteros de este medio se desplazaron hasta la zona de la capital donde dos jóvenes estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad por presuntamente haber cometido varios delitos.
Aunque los periodistas no pudieron ingresar al interior de la casa en la que se escondían, otras personas que mediaron para su entrega voluntaria a las autoridades lograron hacerlo, evidenciando por medio de videos realizados con los celulares a los prófugos de la justicia, a quienes un tribunal les impuso tres orden de arresto.
En las redes sociales fue realizada una publicación en la que se visualiza a estos jóvenes, en la habitación dentro de su hogar, escondidos con un arma de fuego, atentos a todos los movimientos del contingente policial situado en las proximidades.
Todavía ocho días después, las videocámaras no había sido retiradas, a pesar de que los organismos de seguridad asignados a esta demarcación estaban «conscientes sobre su uso delictivo», según expresaron algunos comunitarios sin exponer su identidad debido al temor de recibir posibles represalias.
“Después de que se los llevaron, por aquí no ha regresado ningún policía a tumbar las cámaras y ellos (los agentes) saben para qué son esas cámaras…”, dijo el residente.
Sin embargo, luego de la publicación realizada por este medio las autoridades adscritas a esa localidad decidieron retirar los aparatos.
Más casos
De acuerdo con recopilaciones periodísticas, en el territorio nacional han ocurrido al menos cuatro casos similares, registrados en las provincias Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, El Seibo y el Distrito Nacional. El Poder Ejecutivo está consciente de esta habitual practica implementada desde hace años por agrupaciones delictivas, así lo afirmó el entonces ministro de la Presidencia, Joel Santos, el 5 de agosto del pasado año. No obstante, estos hechos aún no han podido ser erradicados.
Johan Adón, de 19 años, y Andrés Jesús Espinal Pérez, de 21 años (Mazazo), se hallaban atrincherados y armados en el interior de una vivienda ubicada en la misma calle en la que se había establecido el sistema tecnológico.
Tras un período aproximado de dos horas, los individuos implicados se entregaron voluntariamente a las autoridades, que contaban con más de 30 agentes apostados en los alrededores del edificio. Antes de alcanzar dicho objetivo, varios agentes del cuerpo policial informaron a los periodistas de este rotativo que las cámaras eran utilizadas por los jóvenes, presuntos delincuentes, con el propósito de anticipar las intervenciones policiales, así como para visualizar cualquier intento de ataque por parte de bandas criminales rivales.
