DGM judicializa 179 casos por tráfico de migrantes; 25 por falsificar y usar documentos alterados

La Dirección General de Migración (DGM) informó que ha judicializado, durante los 10 meses de este año, 194 casos por delitos de tipo penal, como respuesta de las operaciones estratégicas desplegadas con apoyo interinstitucional para imponer el control migratorio en el país.



La DGM indicó que en un reporte de la dirección Jurídica de la institución responsable de la entrada, permanencia y salida de extranjeros, verificó que «la mayoría de las infracciones obedecen al tráfico ilícito de migrantes, por las que se han hecho 179 sometimientos, mientras que 25 fueron por falsificación y uso de documentos alterados».

Los otros delitos descubiertos por las autoridades de la DGM han sido extorsión, soborno, robo y estafa (4), usurpación de funciones (3), golpes y heridas (5), delito de alta tecnología (1), tentativa de homicidio y amenazas (3), rebelión a la autoridad (3) y daño a la propiedad (1), entre otros. Hay casos que conllevan más de una acusación.


Esas judicializaciones, bajo la responsabilidad de Luis Caraballo, encargado del área jurídica de la DGM, han tenido reacción en los tribunales nacionales, con «sentencias para los imputados que van desde prisión preventiva y garantía económica hasta presentaciones periódicas e impedimentos de salida del país». También existen casos bajo investigación del ministerio Público y otros están pendientes de conocer.

De las judicializaciones, 15 fueron en enero, 20 en febrero, 23 en marzo, 17 en abril, 14 en mayo, 14 en junio, 26 en julio, 20 en agosto, 30 en septiembre y 15 en lo que va de octubre. Los sitios donde mayores casos han sido descubiertos son el Gran Santo Domingo y Baní (37 en cada lugar), Independencia (30), Azua (22), Barahona (13), Jimaní (12), Elías Piña (12), Bahoruco (9) e Higuey (8).

La DGM advirtió en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación que se mantiene vigilante, en el marco de las atribuciones legales y el respeto a las prerrogativas de los individuos, para imponer el orden migratorio y cumplir con la preservación de la seguridad ciudadana y la integridad territorial de la nación.