Jueza que causó anulación de juicio en caso Maradona admite que provocó un daño «tremendo»

Buenos Aires.- En la primera audiencia del juicio político contra la magistrada Julieta Makintach, cuya actuación provocó la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona el pasado 29 de mayo por protagonizar un documental sobre el caso, declaró este jueves ante el Jurado de Enjuiciamiento que el daño que ocasionó fue “tremendo”.

“Nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia. Era todo lo contrario a lo que yo buscaba”, dijo Makintach en una declaración espontánea ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires, que podría poner fin a su carrera judicial.

El juicio político está motivado por las denuncias recibidas en su contra tras permitir y protagonizar un documental no autorizado sobre el juicio por la muerte de Maradona mientras actuaba como vocal en ese tribunal.

“Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”, dijo y agregó: “Entiendo que el daño que ocasioné es tremendo”.

En el inicio de la audiencia, la fiscal a cargo de la acusación pública, Analía Duarte, le atribuyó a la magistrada “incompetencia y negligencias demostradas en sus funciones, incumplimiento en los deberes inherentes a su cargo; parcialidad manifiesta, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Makintach, integrante del Tribunal Oral Criminal número 2 de la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, se enfrenta a una posible destitución, tras haber sido apartada preventiva e indefinidamente de su cargo el pasado julio.

El camino hacia el juicio político comenzó formalmente con la denuncia radicada por el procurador general Julio Conte Grand ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.

En ese documento el procurador enumeró nueve conductas llevadas a cabo por la magistrada, entre las que se encuentran habilitar “a un grupo de personas para que tomaran, de manera furtiva y clandestina, registros fílmicos del debate oral” y mentir “de forma deliberada y recurrente”, al negar su participación en un documental.