Legisladores opositores respaldaron la declaratoria de estado de emergencia del Gobierno ante los daños de las lluvias torrenciales del fin de semana. Exigieron vigilancia estricta sobre gastos públicos para prevenir irregularidades en adquisiciones y contratos.
El Ejecutivo activó la medida por los estragos en el Cibao Norte y Gran Santo Domingo, donde precipitaciones superaron los 200 mm en 48 horas. Provincias como Puerto Plata, Espaillat, Valverde y Santiago registraron inundaciones, colapsos de viviendas, pérdidas agrícolas (daños en 10,000 tareas de cultivos) y fallas en carreteras y puentes.
Hay acuerdo en el Congreso sobre actuar con urgencia. La oposición advierte que la agilización de trámites no justifica opacidad ni decisiones arbitrarias.
Desde el oficialismo, defienden acelerar ayudas para comunidades vulnerables y sectores productivos, como la agricultura golpeada.
Congresistas de ambos bandos subrayan el rol fiscalizador del Legislativo para garantizar que los recursos lleguen directamente a los damnificados. El régimen permite al Gobierno asignar fondos de inmediato y mitigar impactos.
