El presidente Luis Abinader ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia San Juan, tras el rechazo manifestado por diversos sectores de la población. Explicó que la decisión se basa en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual establece que proyectos de alto impacto no pueden avanzar cuando existe una oposición social significativa. El mandatario señaló que la iniciativa no es nueva, ya que sus antecedentes se remontan a concesiones de exploración otorgadas en 2005, reiteradas en 2010 y renovadas posteriormente en 2015 y 2018.
El Gobierno aclaró que durante la actual gestión, el proyecto solo estaba en fase de evaluación ambiental y no contaba con autorización de explotación. El Frente Amplio valoró la medida como un paso importante en defensa del medio ambiente y destacó que fue resultado de la movilización de organizaciones comunitarias, campesinas y ambientales. Sectores también advirtieron que los beneficios económicos de la minería serían temporales, mientras que los riesgos para los recursos hídricos podrían afectar de forma directa la histórica producción agrícola de San Juan, especialmente cultivos como arroz, maíz y habichuelas.
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