El Caso Calamar se mantiene como uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más extensos y complejos en la historia reciente de la República Dominicana, con una acusación que atribuye un supuesto desfalco superior a los RD$19 mil millones contra el Estado.
La investigación del Ministerio Público plantea la existencia de una estructura integrada por exfuncionarios, particulares y empresas que habría operado mediante diversas maniobras ilícitas para desviar fondos públicos. Según la acusación, uno de los mecanismos utilizados consistía en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, lo que habría facilitado la sustracción de recursos estatales.
El expediente también señala que parte de esos fondos habrían sido utilizados para financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral de 2020. Asimismo, se describe un esquema paralelo orientado al desvío de recursos destinados al cumplimiento de compromisos económicos de distintas instituciones gubernamentales, junto a una red de sobornos relacionada con operaciones de juegos de azar reguladas por el Ministerio de Hacienda.
Para sustentar estas imputaciones, el órgano persecutor informó haber reunido más de 1,278 medios de prueba, compuestos por documentos, peritajes, testimonios y evidencias financieras, integrados en un expediente que supera las 3,600 páginas de contenido investigativo.
La denominada Operación Calamar fue ejecutada el 18 de marzo de 2023, mediante un despliegue coordinado que incluyó 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En la operación participaron alrededor de 40 fiscales, decenas de técnicos especializados en investigación, más de 300 agentes de la Policía Nacional y personal de apoyo administrativo.
En el ámbito judicial, el proceso volvió a captar la atención pública tras la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviar a juicio de fondo al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros imputados, al considerar que existen elementos suficientes en su contra, y dictó auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta por insuficiencia de pruebas.
