SANTO DOMINGO.– El «Caso SeNaSa» es una investigación por corrupción administrativa que salió a la luz a finales de 2025 bajo la denominada Operación Cobra. El expediente del Ministerio Público detalla un fraude masivo que afectó de manera directa más de RD$ 15,921 millones pertenecientes a las reservas técnicas del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ejecutado mediante falsificaciones, maniobras fraudulentas y pagos irregulares.
El eje central de la acusación señala a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien se desempeñó como director de SeNaSa durante el periodo 2020-2025. Según el órgano persecutor, Hazim Albainy utilizó su cargo para monopolizar los servicios de atención primaria de la institución, adjudicando contratos de manera irregular por un valor superior a los RD$ 22,000 millones para beneficiar a empresas.
El dato más contundente del expediente indica que el exdirector exigía el 90% de los sobornos generados por este esquema de exclusividad operativa, con la condición de que los pagos le fueran entregados en dólares estadounidenses.
Por este caso, además de Santiago Hazim, están siendo procesadas otras siete personas:
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
De este grupo de implicados, tres ya confesaron formalmente ante las autoridades judiciales haber pagado los sobornos exigidos por la red para obtener los contratos.
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Los encartados enfrentan cargos graves que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos. De ser declarados culpables, se exponen a penas de hasta 20 años de prisión, multas millonarias y la exigencia del Gobierno de devolver la totalidad de los fondos sustraídos.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmó que este fraude «golpeó las entrañas» de la institución y confirmó que las autoridades ya preparan una segunda fase del caso, denominada «SeNaSa 2.0», la cual incluirá a nuevos implicados.
Estatus judicial actual
En la última audiencia, el magistrado Deiby Timoteo Peguero validó la gravedad de las pruebas presentadas y ratificó todas las medidas de coerción vigentes contra los acusados, considerándolas las más idóneas para asegurar el proceso. El tribunal fijó para el próximo 30 de julio la revisión obligatoria de dichas medidas.
