Santo Domingo. – Tras el cierre definitivo de los procesos judiciales de los casos Coral y Coral 5G, las auditorías del Ministerio Público confirmaron el gigantesco desbalance entre los ingresos legales de Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como «la Pastora Rossy«, y los bienes que poseía. Las autoridades demostraron que la imputada funcionó como testaferro para ocultar el patrimonio del exjefe de seguridad presidencial, Adán Cáceres.
La clave de la acusación radicó en que Guzmán Sánchez solo percibía un sueldo de diez mil pesos mensuales como asimilada de la Policía Nacional y reportó ingresos lícitos totales por apenas 2.7 millones de pesos, una cifra matemáticamente insuficiente para sostener el patrimonio millonario que manejaba.
En el aspecto corporativo y financiero, el expediente detalló que la Pastora Rossy estaba vinculada directamente a ocho empresas, manteniendo el control absoluto y la participación accionaria mayoritaria en cuatro de ellas, lo que la convirtió en la beneficiaria final de sus operaciones.
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Además, los analistas financieros detectaron que entre los años 2006 y 2019 la imputada movilizó de manera directa la suma de 10.4 millones de pesos en efectivo al margen de sus declaraciones de impuestos. Asimismo, en una sola de las cuentas bancarias analizadas por los peritos, se registraron créditos por 3.7 millones de pesos y débitos por 3.6 millones de pesos que no tenían ninguna coherencia con su perfil económico formal.
Por último, el rastreo de sus activos físicos consolidó las pruebas de lavado de activos al identificar propiedades inmuebles y vehículos que rebasaban por completo su capacidad de compra.
Entre los bienes identificados figuraba un apartamento ubicado en Santo Domingo Oeste con un valor registrado de 1.58 millones de pesos, cuyo origen lícito de fondos nunca pudo ser justificado.
A esto se sumó un parque vehicular compuesto por cinco automóviles registrados formalmente a su nombre: dos yipetas Toyota 4Runner de los años 2004 y 2007, un Toyota Corolla DX del año 1997, una Mitsubishi Montero del año 2001 y un vehículo Nissan del año 2003. Toda esta estructura de activos fue la evidencia definitiva que permitió al Ministerio Público resolver el caso en los tribunales.
