Santo Domingo. — En una época en la que la ciudadanía reclama mayor participación política y nuevas formas de representación, la figura de las candidaturas independientes ha vuelto a ocupar el centro del debate nacional. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, desde marzo de este año, esa posibilidad dejó de existir en el marco jurídico dominicano.
El tema resurgió recientemente luego de que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) anunciara su disposición de abrir sus puertas a personas sin militancia partidaria que aspiren a competir por cargos electivos, incluida la Presidencia de la República. La propuesta fue presentada como una oportunidad para atraer figuras de la sociedad civil, empresarios, profesionales y líderes comunitarios desencantados con las estructuras tradicionales de los partidos.
Pero detrás de esa apertura existe una realidad jurídica contundente: en la República Dominicana ya no existe la figura de las candidaturas independientes tal y como estaba contemplada en la legislación electoral.
Una figura con más de seis décadas de historia
Durante más de 60 años, el ordenamiento electoral dominicano reconoció la posibilidad de que ciudadanos aspiraran a cargos públicos sin pertenecer formalmente a un partido político. Sin embargo, esa independencia tenía límites.
La Ley 20-23 establecía que esas postulaciones debían canalizarse a través de agrupaciones políticas creadas para tales fines, una condición que fue objeto de cuestionamientos por considerarse una barrera excesiva para quienes deseaban participar al margen de las organizaciones partidarias tradicionales.
El panorama cambió el 13 de diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0788/24. En ella declaró inconstitucional parte del régimen que regulaba las candidaturas independientes al entender que los requisitos exigidos eran desproporcionados y dificultaban en exceso el ejercicio de ese derecho político.
Lejos de cerrar el debate, la decisión abrió una nueva discusión nacional sobre cómo debía regularse esa figura y cuáles serían los mecanismos adecuados para garantizar la participación de ciudadanos sin vínculos partidarios.
El Congreso tomó otro camino
La expectativa inicial era que el Congreso Nacional adaptara la legislación electoral a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, la solución escogida por los legisladores fue distinta.
En marzo de 2026, el Senado y posteriormente la Cámara de Diputados aprobaron una reforma que derogó los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, eliminando completamente las disposiciones que regulaban las candidaturas independientes.
Los legisladores argumentaron que la Constitución dominicana reconoce a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como las vías legítimas para acceder a los cargos de elección popular y que mantener una figura paralela podría generar contradicciones institucionales.
La iniciativa fue impulsada por el senador Rogelio Genao y recibió respaldo de importantes bloques legislativos, aunque también provocó cuestionamientos de sectores académicos, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
La promulgación que cerró el capítulo
El 26 de marzo de 2026, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 13-26, la cual entró en vigor tras su publicación oficial y consolidó la eliminación de las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano.
Desde entonces, cualquier persona interesada en aspirar a una regiduría, alcaldía, diputación, senaduría, vicepresidencia o presidencia de la República debe hacerlo obligatoriamente a través de un partido, agrupación o movimiento político reconocido por la Junta Central Electoral.
En otras palabras, el sistema electoral dominicano volvió a concentrar la representación política exclusivamente en las estructuras partidarias.
¿Qué pasó con la propuesta de la Junta Central Electoral?
Antes de que se produjera la eliminación definitiva, la Junta Central Electoral impulsó una ronda de consultas con los principales partidos políticos para construir una regulación que respondiera a la sentencia del Tribunal Constitucional.
La propuesta contemplaba controles específicos para evitar desequilibrios en el sistema electoral. Entre ellos figuraban la exigencia de firmas de respaldo, limitaciones en la cantidad de postulaciones por organización, prohibiciones de alianzas electorales y la exclusión del financiamiento público para las candidaturas independientes.
La iniciativa buscaba crear una vía alternativa de participación sin afectar la estructura partidaria existente. Sin embargo, nunca llegó a convertirse en ley.
El debate sigue abierto
Paradójicamente, la eliminación de las candidaturas independientes no ha puesto fin a la discusión.
Por el contrario, el tema continúa generando controversias jurídicas y políticas. Algunos sectores consideran que la decisión fortalece la institucionalidad y evita distorsiones en el sistema de representación. Otros sostienen que limita las oportunidades de participación ciudadana y reduce las opciones para quienes no se identifican con los partidos tradicionales.
La discusión también evidencia una contradicción política: mientras algunos legisladores defendieron durante años la necesidad de regular las candidaturas independientes, finalmente respaldaron una reforma que terminó eliminándolas del ordenamiento jurídico.
Más que una reforma electoral
El debate sobre las candidaturas independientes trasciende el ámbito legal. En el fondo, plantea una pregunta sobre el futuro de la democracia dominicana: ¿debe la representación política seguir dependiendo exclusivamente de los partidos o es necesario abrir nuevos espacios para la participación ciudadana?
Por ahora, la respuesta del Congreso y del Poder Ejecutivo ha sido clara. Desde marzo de 2026, las candidaturas independientes dejaron de formar parte de la legislación electoral dominicana.
Sin embargo, la discusión sobre quiénes tienen derecho a competir por el poder y bajo qué reglas parece estar lejos de concluir.
