El Ministerio de Defensa confirmó que los militares de alto y mediano rango condenados a penas de entre 5 y 20 años de prisión por su vinculación en la Operación Calamar continúan figurando en la nómina militar, aunque permanecen suspendidos de sus funciones desde su arresto en marzo de 2023. La medida responde a lo establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13), que impide su cancelación definitiva hasta que exista una sentencia irrevocable.
El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Fernández Onofre, explicó que los oficiales involucrados en procesos judiciales de alto perfil no pueden ser destituidos formalmente mientras sus casos no hayan agotado todas las instancias legales. Indicó que la normativa obliga a mantenerlos suspendidos y que una cancelación anticipada violaría la legislación vigente.
Fernández Onofre señaló que la institución actúa bajo estricto apego a la ley para evitar conflictos legales y posibles demandas. Afirmó que ha consultado con los equipos jurídicos de las Fuerzas Armadas y que todos coinciden en que cualquier acción fuera del procedimiento establecido podría generar consecuencias legales para los superiores responsables.
El ministro advirtió que, una vez exista una condena definitiva e irrevocable, los militares serán separados de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Esta medida implicaría la pérdida de los beneficios asociados al retiro militar, incluyendo su ingreso a la reserva, el uso del carnet oficial de retirado y otros derechos derivados de su condición castrense.
Entre los condenados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el general Julio Camilo de los Santos Viola, además de otros oficiales militares y policiales señalados por el tribunal como responsables de un millonario desfalco desde el Cusep y el Cestur.
