El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresaron su rechazo a las modificaciones aprobadas de urgencia por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos. Ambas entidades consideran que la iniciativa fue impulsada sin suficiente consulta ni análisis técnico, advirtiendo que podría generar mayores costos para el sector productivo.
El CONEP calificó la medida como un nuevo “golpe de bolsón”, recordando que la Ley 225-20 ya había sido modificada de manera urgente en enero de 2025. La organización sostuvo que las reformas complejas requieren mayor deliberación técnica y diálogo entre los sectores involucrados, en lugar de procesos acelerados que limiten la discusión legislativa.
Por su parte, la ONEC afirmó que la propuesta incrementa las cargas económicas sobre las empresas sin estudios que respalden su impacto. La entidad lamentó lo que considera un patrón de políticas públicas aprobadas sin suficientes consultas ni evaluaciones previas sobre los resultados de las modificaciones anteriores.
La reforma aprobada establece que todas las personas jurídicas, entidades gubernamentales, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos deberán realizar una contribución especial obligatoria basada en sus ingresos. Los recursos recaudados estarán destinados a financiar acciones para mitigar los efectos de la disposición de residuos y fortalecer el sistema nacional de gestión de desechos.
Además, la legislación prohíbe la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos, cucharas plásticas, vasos y otros productos fabricados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. La ley también promueve la sustitución de estos materiales por alternativas sostenibles como papel reciclado, cartón biodegradable, bagazo de caña, bambú y otros productos compostables, una vez transcurran seis meses desde su promulgación. Asimismo, el Senado aprobó en primera lectura un proyecto para regular los juegos de azar en la República Dominicana.
