SANTIAGO, R.D. – En un fallo trascendental, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente de la Junta Directiva y del Patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y su esposa, Luisa Guzmán.
La jueza Stephanie Santiago Reyes acogió la solicitud del Ministerio Público tras determinar que existen elementos probatorios suficientes que vinculan directamente a la pareja con una presunta red de corrupción desmantelada mediante la denominada Operación Onco 14.
La magistrada Santiago Reyes, quien se había reservado el fallo tras varias jornadas de intensos debates en audiencia, también validó la petición del órgano persecutor para que el expediente sea declarado como caso complejo.
Esta decisión otorga a las autoridades un plazo ampliado para profundizar en las pesquisas. El tribunal justificó la medida debido a: el alto volumen de evidencias documentales presentadas, la gran cantidad de operaciones financieras bajo investigación y, la naturaleza y gravedad de los delitos imputados a la red.
En contraste con la prisión preventiva impuesta a los principales señalados, el tribunal varió el pedimento inicial del Ministerio Público con relación a Dilcia Patricia Vargas, excontable de la institución.
A Vargas se le dictó prisión domiciliaria luego de que admitiera formalmente su participación en los hechos investigados. La imputada manifestó su total disposición de colaborar con la justicia, comprometiéndose a aportar información relevante para el total esclarecimiento de este presunto desfalco que ha consternado al sector salud del Cibao.
