Redacción.- En una decisión dividida de 6-3, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este martes las leyes de Virginia Occidental e Idaho que prohíben a las atletas transgénero participar en equipos deportivos femeninos de escuelas y universidades, al concluir que estas normas no vulneran la Constitución.
El máximo tribunal determinó que los estados tienen la facultad de establecer categorías deportivas diferenciadas por el sexo biológico en el ámbito escolar. Asimismo, concluyó que estas restricciones son totalmente compatibles con el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos que reciben fondos públicos.
Con este fallo, los estados quedan autorizados para limitar la participación en equipos femeninos exclusivamente a personas cuyo sexo asignado al nacer sea femenino, incluso si se trata de mujeres trans que han recibido tratamientos hormonales de afirmación de género.
La resolución surge como respuesta a las demandas presentadas por Becky Pepper-Jackson, una estudiante de secundaria en Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas atletas argumentaban que su exclusión de las competiciones femeninas constituía un acto discriminatorio e inconstitucional.
Sin embargo, en la opinión de la mayoría escrita por el juez Brett Kavanaugh, se sostuvo que las diferencias físicas, como la fuerza, la velocidad y la resistencia, justifican la separación de equipos por sexo biológico para garantizar una competencia justa.
“Todo varón biológico que logra entrar en el equipo ocupa una plaza que correspondería a una atleta”, afirmó Kavanaugh en el texto del fallo.
Este veredicto tendrá un impacto inmediato en todo el país, ya que valida y blinda jurídicamente las leyes restrictivas similares que ya han sido aprobadas en al menos 25 estados de la unión americana.
La histórica decisión judicial se alinea con la agenda política del presidente Donald Trump respecto a los derechos de las personas transgénero. Tras asumir su segundo mandato en enero de 2025, el mandatario firmó una orden ejecutiva que reconoce únicamente dos sexos (masculino y femenino) y obliga a que los documentos oficiales reflejen el sexo asignado al nacer; una política que, al igual que este fallo, continúa bajo el fuerte rechazo e impugnación de las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBI.
