El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial que otorgó un auto de no ha lugar a varios imputados del caso Calamar, con el objetivo de que un tribunal superior revise esa resolución.
Entre los beneficiados por la decisión se encuentran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero; el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; así como Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias Ruiz. Según el recurso, la resolución incurrió en errores de hecho y de derecho al valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, especialmente las relacionadas con el presunto esquema de financiamiento político descrito en la acusación.
La apelación fue depositada ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para que la Cámara Penal de la Corte de Apelación examine la decisión emitida el pasado 29 de mayo. El tribunal deberá determinar si confirma el auto de no ha lugar o si considera que existen fundamentos para modificar la decisión.
En el sistema judicial dominicano, un auto de no ha lugar significa que, en la fase de instrucción, el juez entiende que no existen pruebas suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo. Sin embargo, esa decisión puede ser recurrida mediante apelación para que un tribunal superior reevalúe la valoración de las evidencias presentadas.
Si la Corte de Apelación confirma el no ha lugar, los imputados permanecerán fuera del juicio de fondo en esta etapa del proceso. En cambio, si revoca total o parcialmente la decisión, el expediente podría avanzar hacia la fase de juicio respecto de todos o algunos de los imputados, dependiendo del alcance de la resolución que adopte el tribunal.
