José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que la apelación presentada por el Ministerio Público contra la sentencia que lo exoneró carece de fundamento, al asegurar que durante el proceso no se presentó ninguna prueba que lo vinculara con actos ilícitos. Sostuvo que desde el inicio el caso tuvo motivaciones políticas y que su defensa optó por no politizar el proceso, confiando en que la ausencia de evidencias conduciría a su descargo.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Peralta explicó que su gestión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia fue objeto de varias auditorías que, según indicó, no detectaron irregularidades. También mencionó una auditoría realizada en 2019 y entregada posteriormente al entonces ministro José Ignacio Paliza, la cual, de acuerdo con sus declaraciones, reflejó una evaluación favorable de su administración. Asimismo, negó que se realizara una supuesta reunión en el Palacio Nacional para recaudar fondos, alegando que la acusación nunca estableció fecha, hora ni presentó testigos que respaldaran esa versión.
El exfuncionario cuestionó además la credibilidad de uno de los principales testimonios utilizados en la investigación, el del ingeniero Bolívar Ventura. Según explicó, el testigo modificó su versión entre 2021 y 2022 sobre la entrega de cheques relacionados con el caso, atribuyendo posteriormente los hechos a personas distintas. Peralta aseguró que tampoco existen pruebas documentales, bancarias ni tributarias que lo comprometan y señaló informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Contraloría que, según afirmó, no evidencian irregularidades en sus empresas ni operaciones financieras.
Peralta también criticó que se otorgara valor probatorio a testimonios de otros imputados, como el de Mimilo Jiménez, sin que estuvieran acompañados de evidencias materiales. A su juicio, esto vulnera el principio de presunción de inocencia. Además, denunció que permaneció casi ocho meses privado de libertad por informaciones que, según dijo, las autoridades ya conocían desde años antes y que no fueron presentadas oportunamente ante los tribunales.
Finalmente, el dirigente peledeísta aseguró que durante el proceso se fabricaron interrogatorios y documentos, y denunció la existencia de declaraciones contradictorias del mismo testigo en distintos expedientes. También recordó que, tras allanamientos, las autoridades incautaron sus teléfonos y computadoras sin encontrar pruebas sobre las presuntas rutas del dinero investigado. Informó que hará una pausa en su actividad política para concentrarse en defender su honor y esclarecer lo ocurrido, aunque afirmó que no abandonará definitivamente la vida política. Añadió que aún no ha sido notificado formalmente de la apelación presentada por el Ministerio Público.
