La Cámara de Diputados devolvió al Senado de la República el proyecto de ley que regulará los juegos de azar en el país, luego de aprobarlo con modificaciones. La iniciativa, elaborada por el Gobierno, establece un nuevo marco legal para la operación, supervisión y fiscalización de casinos, bancas de lotería, bancas deportivas, agencias hípicas, salas de tragamonedas, loterías electrónicas, apuestas por Internet, bingos y rifas.
Entre las principales disposiciones, el proyecto establece que estos establecimientos no podrán ubicarse a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, hospitales, clínicas, iglesias, cuarteles policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), así como de las sedes principales de los poderes del Estado y órganos extrapoder. También fija distancias mínimas entre distintos tipos de establecimientos de apuestas para evitar su concentración.
La propuesta contempla además una moratoria de 10 años para el otorgamiento de nuevas licencias de juegos de azar una vez entre en vigor la ley. El presidente de la comisión especial que estudió la iniciativa, diputado Rogelio Genao, explicó que esta medida permitirá organizar y fiscalizar el sector antes de autorizar nuevas operaciones. No obstante, el proyecto exceptúa de esta restricción a los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.
El proyecto también crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que será responsable de regular, supervisar y fiscalizar esta actividad. Los negocios que ya operan con licencias vigentes dispondrán de un plazo de un año para adecuarse a las nuevas disposiciones establecidas por la legislación.
En materia de publicidad y protección al consumidor, la iniciativa prohíbe campañas dirigidas a menores de edad o que relacionen el juego con beneficios sociales. Además, exige incluir advertencias sobre los riesgos del juego compulsivo y una línea telefónica de asistencia. También ordena colocar relojes visibles en los establecimientos y crea un Registro Nacional de Autoexclusión para personas con ludopatía, el cual deberá ser consultado por los operadores antes de permitir el acceso, abrir cuentas o pagar premios.
