Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de once senadores, como parte de la aplicación de la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, que establece un régimen de inhabilidades para funcionarios electos y designados mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
Los legisladores afectados son Moisés Ayala Pérez (Barahona), Santiago José Zorrilla (El Seibo), Jonhson Encarnación Díaz (Elías Piña), Carlos Manuel Gómez Ureña (Espaillat), Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez (Puerto Plata), Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal), Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes (Santiago), Bernardo Alemán Rodríguez (Montecristi), Casimiro Antonio Marte Familia (Santiago Rodríguez) y Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), además de un registro adicional vinculado a una persona física o jurídica identificado en el acto administrativo.
La DGCP explicó que la suspensión no constituye una sanción, sino una medida de carácter preventivo y administrativo destinada a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y evitar conflictos de interés durante el ejercicio de funciones públicas.
Cambios introducidos por la Ley 47-25
La institución recordó que la Ley 47-25 modificó las reglas aplicables a los funcionarios en materia de contrataciones públicas. Mientras la derogada Ley 340-06 permitía a funcionarios de primer y segundo nivel mantener hasta un 10 % de participación accionaria en empresas proveedoras del Estado, la nueva normativa prohíbe cualquier participación societaria, sin importar el porcentaje, así como desempeñar funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración en compañías que contraten con el Estado.
Asimismo, la DGCP recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual otorgó un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado. Al concluir ese período, procedió a realizar las suspensiones de oficio conforme al artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
Más de 80 registros suspendidos en 2026
La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado pertenecientes a funcionarios electos y designados.
El organismo agregó que entre 2020 y 2025, bajo la anterior Ley 340-06, suspendió de oficio 591 registros correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales y sociedades comerciales vinculadas, como parte de las medidas para fortalecer la transparencia y prevenir conflictos de interés en las contrataciones públicas.
