Santo Domingo. — Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirán este miércoles si acogen o no la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el denominado caso Medusa.
El exfuncionario y los demás implicados enfrentan acusaciones por un presunto desfalco superior a los RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.
La barra de defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Carlos Balcarce, fundamentó el pedimento en que el proceso judicial ha superado los cinco años en los tribunales, excediendo, según su criterio, el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público solicitaron al tribunal rechazar de manera categórica la solicitud. El órgano persecutor argumentó que los retrasos en el curso del proceso no son responsabilidad de la justicia, sino que han sido provocados por las reiteradas tácticas y actuaciones dilatorias de los propios abogados del imputado.
El expediente señala que las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciaron en 2021. Desde que el 13 de julio de ese mismo año un juez dictó las primeras medidas de coerción, la defensa ha interpuesto diversas acciones para detener el juicio de fondo. En fechas recientes, tras el rechazo de múltiples incidentes presentados desde el pasado 16 de febrero, los abogados formalizaron el pedido de extinción ante el tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, el cual había reservado el fallo para el día de hoy.
El entramado y estado actual del caso Medusa
El expediente original del caso Medusa incluyó inicialmente a 63 imputados (41 personas físicas y 22 empresas).
- Acuerdos previos: Durante la fase preliminar, 25 de los implicados alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público.
- Juicio de fondo: El resto de los acusados, incluyendo a Jean Alain Rodríguez, fueron enviados a juicio para responder por cargos que abarcan corrupción, soborno, lavado de activos y presuntos fraudes en el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General durante el periodo 2016-2020.
La decisión que emitirá el tribunal marcará un hito procesal clave en uno de los expedientes de corrupción administrativa más sonados de los últimos años en la República Dominicana.
