Un informe de Corporate Accountability Lab, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, sostiene que el trabajo forzoso persiste en plantaciones de caña de azúcar de República Dominicana y pidió al Gobierno de Estados Unidos restablecer una prohibición a las importaciones de azúcar y derivados producidos por Central Romana Corporation.
La organización afirmó que dedicó más de tres años a investigar las condiciones laborales en las plantaciones de Central Romana, una de las principales empresas empleadoras y propietarias de tierras del país. El informe recoge denuncias sobre bajos salarios, viviendas precarias con deficiencias de agua y electricidad, retención de pagos, jornadas excesivas y otras condiciones laborales que, según la entidad, vulneran los derechos de los trabajadores.
Central Romana ya había sido objeto de una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que señaló presuntos problemas relacionados con el aislamiento de trabajadores, retención de salarios y condiciones laborales y de vida abusivas. En 2022, Estados Unidos impuso una prohibición a las importaciones de azúcar y productos derivados de la empresa, pero la medida fue revocada en 2025 durante la administración de Donald Trump.
Corporate Accountability Lab estimó, con base en organizaciones locales de la sociedad civil, que hasta 8,000 personas trabajan en los campos de caña de la empresa, que abarcan más de 173,700 acres. El informe señala que muchos trabajadores son migrantes haitianos o descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana que carecen de ciudadanía, y considera especialmente vulnerables a los trabajadores de mayor edad que no han recibido prestaciones de jubilación y a personas en situación de apatridia.
La organización pidió a Central Romana registrar a sus trabajadores en el sistema de seguridad social, garantizar al menos el salario mínimo diario, permitir la afiliación a sindicatos independientes, proteger la salud laboral, pagar pensiones adeudadas y cumplir las leyes laborales y ambientales. También solicitó a los gobiernos prohibir la importación de azúcar elaborada mediante trabajo forzoso. Central Romana rechazó las conclusiones del informe y afirmó que contiene “imprecisiones y falsedades”, asegurando que no ha violado las leyes dominicanas ni las normas laborales internacionales.
