Santo Domingo. — Durante su participación en el segmento Usted Tiene la Palabra de Telenoticias, la periodista y politóloga Angely Moreno cuestionó el origen de los ataques recientes dirigidos contra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
La comunicadora planteó directamente si las denuncias surgidas en torno a las licitaciones de la institución realmente tienen fundamento o si corresponden a una reacción desesperada de sectores que han perdido el control de los negocios.
En su exposición, hizo referencia a las declaraciones de Carlos Pimentel, quien esta mañana señaló a un grupo de empresarios como «carteles de proveedores» que adversan negocios millonarios afectados por la transparencia institucional.
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Moreno diferenció tajantemente entre un suplidor inconforme con un proceso y aquellos a quienes denominó «sicarios de las contrataciones públicas«, que recurren a la presión mediática para desacreditar la gestión.
La politóloga detalló el primero de los frentes que enfrenta la institución, al que llamó las «cocinas fantasmas», donde algunos proveedores simulan estructuras industriales para ganar licitaciones y luego subcontratan comida hecha.
Como segundo punto, abordó el tema de la utillería escolar, señalando que la salida de pasadas gestiones conllevó la inhabilitación de múltiples registros de empresas coludidas que ahora cuestionan al sistema.
En contraste con las críticas sobre calzados, la analista indicó que de 69 oferentes participantes, 44 fueron habilitados y 41 resultaron adjudicados, siendo 33 de ellos mipymes y fabricantes nacionales.
Precisó que se adjudicaron 925,000 unidades en total, representando un 73% de fabricantes y un 26% de distribuidores, por un monto global de 771 millones de pesos.
El tercer elemento expuesto fue el de los grandes proveedores que durante años dominaron mercados como el de la leche escolar y que hoy enfrentan mayor competencia con la entrada de nuevos actores.
Finalmente, concluyó que defender la transparencia institucional no puede significar proteger privilegios particulares, advirtiendo que el verdadero conflicto radica en evitar que las compras públicas sigan siendo tratadas como un territorio privado.
