El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó hasta el próximo 2 de octubre la audiencia para conocer la acusación del Ministerio Público contra el segundo teniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, procesado por presuntos hechos de violencia de género, violencia intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja, una ciudadana venezolana.
La procuradora adjunta María del Carmen de León explicó que la audiencia fue reenviada debido a la falta de quórum, ya que el tribunal colegiado no quedó conformado de manera completa y solo se presentó una jueza. De León forma parte del equipo del Ministerio Público que lleva el proceso y afirmó que la institución está preparada para presentar su acusación cuando el tribunal pueda conocer el caso.
La funcionaria también recordó que en la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue trasladada al tribunal. Posteriormente, la audiencia había sido fijada para el 27 de julio, pero los jueces se inhibieron alegando que previamente habían conocido otro proceso penal relacionado con la víctima. El Ministerio Público ha cuestionado los obstáculos que, según sostiene, han impedido el avance del juicio.
De acuerdo con la acusación, Ramírez Medina habría agredido física, verbal y psicológicamente a su expareja en diferentes ocasiones. El Ministerio Público señala que uno de los hechos ocurrió el 13 de noviembre de 2019, cuando presuntamente la golpeó y amenazó de muerte en una residencia ubicada en el sector Hazim, en San Pedro de Macorís. Un examen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses documentó múltiples traumas en el antebrazo y la pierna derecha, mientras otras evaluaciones registraron lesiones adicionales y afectaciones psicológicas.
La investigación también sostiene que la mujer habría sido víctima de trata de personas. Según el Ministerio Público, Ramírez Medina la contactó a través de redes sociales, facilitó su llegada a República Dominicana y posteriormente la habría sometido a explotación laboral mediante fuerza, abuso de poder y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad. La acusación indica además que habría limitado su libertad de movimiento y su derecho a la intimidad. El proceso penal, que comenzó hace aproximadamente seis años, continuará el 2 de octubre.
