San Cristóbal. — Ante las graves acusaciones de maltrato infantil, trabajo forzado y posible trata de personas, el autodenominado pastor Ángel Gabriel Capellán, principal investigado por el operativo en el centro clandestino de La Pared de Haina, ofreció su versión a las autoridades sobre el funcionamiento de la denominada “Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”.
De acuerdo con el informe de investigación de la Policía Nacional, Capellán reconoció ante los agentes que la institución, registrada legalmente desde el año 2016 con el propósito declarado de rescatar familias vulnerables y huérfanos, percibía ingresos aproximados de 70,000 pesos mensuales para sufragar sus gastos operativos.
La defensa del imputado: «Las madres los entregaban»
Según el documento policial, el religioso alegó que los menores permanecían en el recinto debido a que sus progenitoras los entregaban voluntariamente arrastradas por situaciones de precariedad extrema. Asimismo, afirmó que los niños acudían a la escuela y que él mismo complementaba los gastos del lugar con recursos propios obtenidos de la agricultura, la albañilería y la crianza de cerdos.
Sin embargo, las indagatorias preliminares de las autoridades policiales y los hallazgos en el lugar difieren radicalmente de esta versión asistencialista.
Hallazgos del operativo y condiciones de encierro
La intervención institucional se detonó formalmente luego de que un menor de 12 años lograra escapar del recinto para denunciar los abusos a las autoridades. Tras el allanamiento a la vivienda de dos niveles, el balance oficial detalla:
- Menores rescatados: Las autoridades confirmaron el rescate de 14 menores que ya se encuentran bajo protección estatal, sumando en total un levantamiento que ubicó en el sitio a 5 niños, 17 niñas, un padre y tres madres.
- Condiciones de confinamiento: Los convivientes se alojaban en una estructura de seis habitaciones (cuatro en la planta baja y dos en el nivel superior). Los agentes constataron que una de las habitaciones contaba con una puerta de hierro reforzada con candado, evidenciando medidas de retención.
La Policía Nacional indicó que las evidencias recolectadas apuntan fuertemente a indicadores de maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas, precisando que la calificación jurídica definitiva recaerá sobre el Ministerio Público conforme avancen las pesquisas procesales.
