El Tribunal Constitucional (TC) emitió dos nuevas sentencias mediante las cuales sancionó a varias instituciones del Estado por incumplir órdenes judiciales previamente dictadas. Los fallos establecen astreintes —multas conminatorias— que, según el reporte, acumulan RD$1,470,000 a favor de ciudadanos afectados por la falta de cumplimiento administrativo.
Mediante la sentencia TC/0844/26, el tribunal acogió la solicitud de liquidación presentada por Isidro Díaz Rosario y condenó a la Dirección General de la Policía Nacional al pago de RD$520,000 por el incumplimiento de la sentencia TC/1104/24. Esta última había ordenado entregar de inmediato documentación relacionada con una investigación por presunta deserción y un informe sobre el estado del proceso. La Policía fue notificada el 6 de junio de 2025, pero, según el TC, no entregó los documentos.
El tribunal estableció inicialmente una astreinte de RD$2,000 por cada día de retraso. Al analizar la solicitud presentada el 20 de febrero de 2026, los magistrados contabilizaron 260 días de incumplimiento, equivalentes a RD$520,000. La corte señaló que esta suma continuará acumulándose mientras persista el incumplimiento y calificó la conducta atribuida a la Policía como “reticente e irresponsable”, al considerar que afecta la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
En otro fallo, la sentencia TC/0851/26, el TC sancionó solidariamente al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y el Ministerio de Hacienda con RD$950,000. El caso corresponde a Yolanda del Carmen Solís de Rosario, quien reclamaba la restitución de una pensión otorgada originalmente mediante el Decreto 364-92. Una sentencia anterior había ordenado coordinar la reactivación de la pensión y pagar los valores retroactivos adeudados desde el 17 de agosto de 2021.
Las tres instituciones fueron notificadas el 27 de enero de 2026 y tenían 30 días para cumplir, con una astreinte conjunta de RD$10,000 diarios. Al vencer el plazo sin que existiera prueba de cumplimiento, el tribunal contabilizó 95 días hasta el 1 de junio de 2026, para establecer la suma de RD$950,000. El TC reiteró que sus decisiones son vinculantes para los poderes públicos y que su incumplimiento vulnera derechos como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.
