El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, dará a conocer su decisión sobre las solicitudes para declarar extinguida la acción penal por vencimiento del plazo en el caso Calamar. La decisión será adoptada luego de escuchar los argumentos de las defensas de los imputados y del Ministerio Público.
Los abogados de varios procesados, entre ellos Ángel Lockward, Claudio Silver Peña, Juan Tomás Polanco Céspedes, Agustín Mejía Ávila, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista y Santiago Moquete Ortiz, pidieron declarar extinguida la acción penal al considerar que el proceso ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido en la normativa procesal penal.
Los defensores de Ángel Lockward, Carlos Escalante y Nolberto Rondón, fueron los primeros en plantear formalmente el pedimento. Sostienen que las medidas de inmovilización de fondos impuestas a su cliente desde febrero de 2022 llevan más de cuatro años y ocho meses sin que exista una resolución definitiva. A su juicio, una vez comprobado el vencimiento del plazo, el tribunal debe declarar la extinción incluso de oficio.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, acompañada por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, solicitó rechazar las peticiones. Ortiz sostuvo que el plazo no puede calcularse de manera automática, sino que deben evaluarse las circunstancias particulares del expediente, las causas de las posibles dilaciones y la razonabilidad del tiempo transcurrido, conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, la defensa del exministro de Hacienda Donald Guerrero informó que presentó un recurso de apelación ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para solicitar también la extinción de la acción penal. Su abogada, María del Pilar Zuleta, afirmó que el plazo comenzó a computarse el 22 de noviembre de 2020, cuando se impuso una alerta migratoria contra Guerrero, y sostuvo que ya han transcurrido casi seis años. El recurso busca revocar la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción, que había rechazado la solicitud de extinción y ordenado que el caso fuera enviado a juicio de fondo.
