La audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalados por las autoridades por presunto maltrato y abuso psicológico contra nueve menores en la Fundación Restaurando Vida, fue aplazada para el jueves 10 de septiembre. La defensa de ambos imputados y el Ministerio Público solicitaron tiempo para conocer el expediente y los resultados de las entrevistas realizadas a los niños y niñas involucrados.
El abogado Luis Carela, representante de Capellán, explicó que la audiencia fue suspendida para permitir la realización de entrevistas mediante cámara Gesell a los menores. El jurista rechazó los señalamientos de maltrato y trabajo forzoso dentro del centro, calificándolos como afirmaciones que, según sostuvo, serán desmentidas durante el proceso judicial.
Sobre los permisos de funcionamiento de la fundación, Carela evitó responder directamente y dijo que el tema sería abordado durante la audiencia de medida de coerción. Por su parte, el abogado Manuel Soto Lara sostuvo que, si se determina que el centro operaba sin los permisos correspondientes, se trataría de un asunto administrativo y no de una infracción penal, con posibles sanciones disciplinarias.
Los abogados también cuestionaron las actuaciones de las autoridades y señalaron que el espacio debía ser preservado para continuar atendiendo a personas vulnerables. Soto Lara afirmó que la fundación no solo acogía a niños, sino también a personas de edad avanzada, y consideró que las autoridades debieron corregir las posibles irregularidades sin cerrar el lugar.
El caso comenzó luego de que un menor de 12 años escapara del centro y acudiera acompañado de un adulto a una dotación policial en Hatillo, San Cristóbal, donde denunció presuntos trabajos forzosos y maltratos físicos. Posteriormente, agentes policiales, el Ministerio Público, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Departamento de Tráfico y Trata de Personas rescataron a menores y detuvieron a varias personas. La defensa aclaró que actualmente la acusación contra Capellán y Muñoz Rodríguez involucra a nueve menores y sostuvo que las denuncias deberán ser investigadas y probadas ante los tribunales.





