Santo Domingo. — La tasa de homicidios en la República Dominicana se sitúa actualmente en 7.4 por cada 100,000 habitantes, de los cuales el 60 % está directamente relacionado con conflictos sociales, según informó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Durante su intervención en un Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) para analizar las implicaciones del nuevo Código Penal, la funcionaria explicó que muchas de estas muertes violentas tienen su origen en disputas cotidianas que escalan de forma trágica.
Conflictos cotidianos y miles de amenazas
Reynoso indicó que, de cada 10 homicidios que ocurren en el territorio nacional, al menos seis son provocados por altercados interpersonales, tales como discusiones entre vecinos o riñas en establecimientos donde se consumen bebidas alcohólicas.
Asimismo, la titular de la persecución penal reveló una cifra alarmante sobre la crispación social: durante 2025 se recibieron más de 26,000 denuncias de amenazas de muerte, una problemática que, a su juicio, requiere de la intervención activa de toda la sociedad para ser prevenida.
Estadísticas sobre feminicidios y enfoque basado en datos
Al abordar la violencia de género, la procuradora detalló que el 25 % de los agresores que cometen feminicidios terminan suicidándose tras perpetrar el crimen. En ese sentido, insistió en la urgencia de estructurar políticas de prevención fundamentadas en estadísticas certeras. «No son opiniones», sostuvo Reynoso, al abogar por cambios sociales profundos que eviten que las diferencias escalen hacia los niveles más graves de violencia.
En otro orden, la funcionaria fijó posición sobre uno de los debates legales vigentes al defender que la violación dentro del matrimonio sea contemplada expresamente como delito, argumentando con firmeza que «la familia no se puede construir sobre la base de una violación».
Las declaraciones de la magistrada se produjeron en un escenario enfocado en orientar al sector empresarial sobre los alcances y las normativas que regirán con la entrada en vigor de la nueva legislación penal en el país.
