Redacción. — El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la firma del decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país.
De acuerdo con el mandatario, la medida busca corregir lo que calificó como una restricción histórica que limitaba al ciudadano respetuoso de la ley, mientras los grupos armados e ilegales continuaban abasteciéndose de manera clandestina.
«Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar», expresó el jefe de Estado en su pronunciamiento.
Radiografía de la amenaza criminal
Para respaldar la decisión, el Gobierno colombiano dio a conocer cifras oficiales correspondientes al periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre. En dicho lapso, la Fuerza Pública logró la incautación de 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban directamente relacionadas con la comisión de hechos delictivos.
El desglose operacional detalla que del total de armamentos decomisados:
- 980 armas están vinculadas a grupos disidentes.
- 551 pertenecen al Clan del Golfo.
- 339 están asociadas al ELN.
El mandatario enfatizó en el alto poder de fuego hallado en poder de las estructuras subversivas y criminales, destacando que solo entre los equipos incautados a las disidencias se contabilizaron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros, material que —según recalcó— el Estado tiene la misión de perseguir y destruir.
Controles estrictos y garantías
Ante las posibles inquietudes sobre la medida, el presidente de la República aclaró enfáticamente que la decisión no representa un porte de armas indiscriminado.
El decreto establece que se mantendrán vigentes los controles estrictos, los requisitos rigurosos y la supervisión bajo los permisos de las autoridades competentes. Lo que concluye, según explicó, es la prohibición general que convertía la restricción en la norma absoluta.
«Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado», puntualizó De la Espriella, al sentenciar que la seguridad nacional no puede seguir cimentándose en el desarme de la ciudadanía honesta.
