La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San José de Ocoa volvió a aplazar este martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Adriana Cuello Minyetty, imputada por la muerte de la abogada Leidy Soto Cáceres. La decisión fue adoptada para permitir que la defensa conozca los medios de prueba presentados en el proceso.
El abogado de Cuello Minyetty, Ruberth Matos, informó que la audiencia estuvo presidida por el magistrado Jorvy Armando Sánchez Eusebio. La imputada llegó al Palacio de Justicia con un chaleco antibalas, mientras un grupo de personas presentes en el lugar la llamó “asesina”.
Soto Cáceres, de 34 años y madre de cuatro hijos, fue ultimada el martes 1 de septiembre. Según la información del caso, Cuello Minyetty habría acudido a una vivienda ubicada en el sector Los Maestros, en San José de Ocoa, donde la abogada resultó gravemente herida. Un vecino la trasladó en un vehículo al hospital San José, donde posteriormente falleció.
Luego de su muerte, el cuerpo de Soto Cáceres fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Azua, y posteriormente velado en la Funeraria Mamá Rita, en Sabana Larga, donde también fue sepultado. Familiares de la víctima difundieron una fotografía de Luis Eduardo Aristy, expareja de la abogada, ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. Aristy fue entregado a la Policía Nacional, interrogado y posteriormente puesto en libertad, según informó su abogado Alexis Mateo.
El proceso judicial había sido aplazado previamente el viernes 4 de septiembre. Ese día, los abogados de Aristy, Alexis Mateo y Bolívar Castillo, aseguraron que su cliente se encontraba en un solar de su propiedad, en el sector El Rastrillo de Ocoa, cuando ocurrió el hecho. Este martes, las puertas laterales del Palacio de Justicia fueron cerradas para prevenir eventuales incidentes, mientras los abogados de la parte querellante no ofrecieron declaraciones sobre la decisión del tribunal ni sobre la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público.
