La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que el 5 % de los aportes destinados a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera pueda ser identificado, auditado y rastreado, con el propósito de garantizar que esos recursos se traduzcan en obras y proyectos para los territorios mineros.
Pedro Esteva, presidente del Consejo de Directores de Camipe y presidente y CEO de IMCA, sostuvo que existen auditorías que confirman que los recursos pagados por las empresas mineras son recibidos por el Gobierno, pero cuestionó que estos no se reflejen de manera suficiente en las comunidades. Afirmó que esta situación genera presión sobre las empresas, pese a que estas también desarrollan programas sociales adicionales a sus obligaciones tributarias.
La organización considera que parte de los recursos generados por la explotación minera debe permanecer en las comunidades mediante infraestructura, formación de profesionales y técnicos, servicios de salud y otros proyectos que contribuyan al desarrollo de las provincias productoras. Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, planteó la creación de un mecanismo que permita verificar y dar seguimiento al uso del 5 %, con participación tanto del Gobierno como de las comunidades y del sector privado.
La propuesta forma parte de la iniciativa de Camipe para modernizar la Ley Minera de la República Dominicana No. 146-71. El modelo planteado contempla planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de las obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. El objetivo es evitar que estos fondos sean absorbidos por el gasto corriente o utilizados mediante decisiones discrecionales.
La Cámara también plantea otros cambios a la normativa minera vigente desde 1971, entre ellos definir con mayor precisión los objetivos de la ley y las funciones de los organismos responsables, fortalecer la protección ambiental y garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso. Valerio sostuvo que una normativa clara beneficia a las empresas, al Estado, a las comunidades y al medio ambiente, al establecer responsabilidades y mecanismos de fiscalización definidos.
Camipe propone que el 5 % de los aportes vinculados a la actividad minera tenga un mecanismo de seguimiento y verificación que permita comprobar su destino y garantizar que los recursos lleguen a las comunidades productoras. La propuesta contempla participación comunitaria, planificación municipal, auditorías independientes y publicación de resultados.
La iniciativa está incluida en una propuesta de modernización de la Ley Minera No. 146-71, que también busca reducir la discrecionalidad, delimitar las funciones institucionales, reforzar la protección ambiental y garantizar seguridad jurídica y debido proceso.
