Juan Hubieres sostuvo que los principales problemas del tránsito en República Dominicana no obedecen a deficiencias en la legislación, sino a la manera en que el Estado ha organizado las instituciones responsables del sector y distribuido los recursos destinados al transporte.
El dirigente explicó que la legislación buscaba unificar varias instituciones con el propósito de fortalecer la rectoría del transporte y mejorar la coordinación del sistema. Sin embargo, afirmó que posteriormente fueron creados organismos paralelos que, a su juicio, disponen de mayores recursos y capacidad de acción que las entidades encargadas de aplicar las normas.
Hubieres también cuestionó que una parte importante de la inversión pública en materia de transporte esté dirigida a la construcción y reparación de carreteras, mientras considera que se destinan menos recursos al fortalecimiento institucional, la regularización de los distintos actores del sistema y la seguridad de peatones y conductores.
“El problema no es la ley”, afirmó Hubieres, al señalar que el Gobierno ha optado por crear las estructuras que considera convenientes y concentrar los recursos en esas instituciones, en lugar de priorizar directamente a las personas que utilizan y participan en el sistema de transporte.
El dirigente consideró que las políticas públicas de tránsito deben colocar a las personas en el centro de las decisiones, con especial atención a la regularización de los usuarios y actores del transporte, así como a la protección de los peatones y conductores.
