La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, autorizó varios allanamientos ejecutados por el Ministerio Público como parte de una investigación sobre un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con operaciones que superarían los RD$40 millones. La orden permitió registrar distintos inmuebles vinculados a personas bajo investigación y ocupar evidencias relacionadas con los hechos.
Entre los objetos que podían ser incautados figuran teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de documentos físicos y digitales, facturas, libros contables, recibos, expedientes y documentos financieros vinculados con SeNaSa. La autorización también incluyó dinero en efectivo cuya procedencia pudiera resultar pertinente para la pesquisa, así como armas de fuego, sustancias controladas y bienes o instrumentos que pudieran estar relacionados con operaciones de lavado de activos.
Florimón autorizó además la extracción, recuperación, visualización y análisis de la información almacenada en los dispositivos ocupados legalmente. Sin embargo, estableció que la revisión digital debía limitarse a los datos pertinentes y útiles para esclarecer los hechos investigados, preservando la información estrictamente privada que no tuviera relación con el objeto del proceso.
Según la solicitud presentada por el Ministerio Público, la investigación comenzó a partir de una denuncia de SeNaSa presentada el 28 de noviembre de 2024. La institución habría reportado irregularidades relacionadas con autorizaciones de procedimientos médicos y consultas de afiliados. De acuerdo con la denuncia, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se utilizaron varios números telefónicos para gestionar mediante el call center autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos que posteriormente no eran reconocidos por los afiliados a quienes se atribuían. El Ministerio Público sostiene que estas maniobras habrían generado operaciones por unos RD$40 millones.
Para sustentar los allanamientos, el Ministerio Público presentó 37 elementos documentales y evidencias, incluyendo certificaciones telefónicas, transcripciones de interceptaciones, documentos de recursos humanos, informes de auditoría médica y comunicaciones de las áreas de autorizaciones y finanzas de SeNaSa, además de informaciones financieras remitidas por entidades del sistema bancario. Los registros abarcaron inmuebles vinculados a numerosas personas, entre ellas profesionales de la salud y particulares. La orden tenía una vigencia de 15 días y estableció que las incautaciones debían limitarse a evidencias relacionadas con la investigación. La pesquisa continúa abierta y corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades individuales que eventualmente puedan derivarse del expediente.
