SANTO DOMINGO.— La abogada Anny Guzmán, representante legal de la señora Patricia Lara, respondió en el programa El Gobierno de la Tarde a las recientes declaraciones del empresario Rafy Ernesto Mejía Vargas, quien denunció ser víctima de una supuesta persecución judicial desde hace siete años.
Guzmán aclaró que las actuaciones en contra de Mejía Vargas obedecen a un proceso legal estricto por el incumplimiento reiterado de la manutención del hijo de 11 años que procreó con Lara, el cual incluye una sentencia previa que lo condenó a dos años de prisión por este concepto.
La jurista desmintió que las detenciones ejecutadas por agentes de la Policía Nacional (DICRIM) sean ilegales, explicando que responden a autorizaciones y órdenes emitidas por la fiscalía con base en mandatos judiciales definitivos. Asimismo, señaló que contra una magistrada mencionada por el empresario fue interpuesta una querella disciplinaria y una recusación ante la Inspectoría por presuntamente otorgarle la libertad en una ocasión anterior sin que este saldara la deuda alimentaria pendiente.
En relación con el origen de las denuncias públicas del empresario, la togada Félix Portes-Guzmán indicó que la reacción de Mejía Vargas surge tras ser intimado al pago de un aumento de cuota a RD$ 20,000 dispuesto por un tribunal, monto que consideran insuficiente y que apelarían para requerir una suma acorde a sus ingresos reales.
Finalmente, Guzmán enfatizó que las acciones legales no cesarán mientras persista la evasión de sus obligaciones. «Mientras no pague la pensión y los gastos extraordinarios, no va a dejar de ser perseguido, no por nosotros, sino por la justicia, para proteger los intereses de ese niño», concluyó.
