SANTO DOMINGO.– La amplia investigación judicial que culminó con los arrestos y allanamientos de la Operación Cobra 2.0-A (SeNaSa 2.0) tuvo como punto de partida formal una denuncia interpuesta por el propio Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) el 28 de noviembre de 2024, cuando la entidad bancaba bajo la dirección de Santiago Hazim.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, la denuncia formal se produjo luego de que las gerencias de Salud y Afiliación de SeNaSa detectaran irregularidades tras recibir alertas sobre autorizaciones sospechosas de consultas y procedimientos médicos.
La auditoría interna de la ARS pública logró identificar tres líneas telefónicas específicas desde las cuales se contactaba de manera recurrente al centro de atención para requerir autorizaciones de cirugías, consultas de especialidad y servicios ambulatorios. Posteriormente, al ser verificados, los afiliados a cuyo nombre figuraban los trámites negaron haber solicitado o recibido dichas atenciones médicas.
Las operaciones anómalas identificadas preliminarmente abarcaban el período comprendido entre el 28 de enero de 2021 y septiembre de 2024, sumando un monto inicial estimado en aproximadamente RD$40 millones, razón por la cual SeNaSa apoderó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para someter a los responsables.
Contraste en el proceso judicial
A raíz de esta denuncia, la PEPCA inició las indagatorias contra empleados de la institución y profesionales del sector salud. El órgano persecutor profundizó las pesquisas extendiendo el período investigado hasta febrero de 2025, logrando identificar un esquema que involucra 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por valor de RD$41.1 millones.
El expediente introduce un matiz particular en el desarrollo del caso: aunque Santiago Hazim fue imputado posteriormente por el Ministerio Público en otra vertiente del expediente Cobra, esta rama específica sobre falsificación de autorizaciones y fraude con servicios médicos fue llevada a los tribunales por la propia gestión que él encabezaba.
