Los diputados Danilo Díaz y Pedro Martínez calificaron de ilegales las ejecuciones extrajudiciales y advirtieron que este tipo de actuaciones vulnera los derechos humanos y los principios del Estado social y democrático de derecho. Ambos legisladores sostuvieron que la respuesta del Estado frente a la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco de la ley y respetando las garantías fundamentales.
Díaz afirmó que las ejecuciones extrajudiciales violentan el derecho a la vida y señaló que corresponde a la justicia establecer las consecuencias para quienes cometen delitos. El legislador recordó que República Dominicana dispone de mecanismos legales para sancionar las conductas delictivas y que el nuevo Código Penal contempla consecuencias para los casos de reincidencia, incluida la acumulación de penas.
El diputado también destacó que el país está vinculado a convenios internacionales sobre derechos humanos, los cuales establecen obligaciones que deben ser observadas por el Estado. En ese contexto, cuestionó que se recurra a métodos que impliquen disponer de la vida de otras personas en lugar de utilizar los mecanismos establecidos por la justicia.
Por su parte, Pedro Martínez sostuvo que cualquier actuación que vulnere los derechos de una persona debe ser cuestionada, independientemente de que se le atribuya la comisión de un delito. Señaló que el carácter delictivo de una persona debe ser determinado en los tribunales y afirmó que la función de la Policía Nacional es prevenir los delitos, no eliminar personas.
Martínez agregó que el Estado dispone de herramientas tecnológicas y servicios de inteligencia que pueden fortalecer las labores de prevención, vigilancia y seguimiento. También cuestionó los resultados de los planes de seguridad y recordó que la reforma policial lleva varios años en proceso, mientras, según expresó, la delincuencia continúa creciendo. Ambos legisladores plantearon que las muertes ocurridas durante actuaciones de los organismos de seguridad también deben analizarse a la luz de las obligaciones internacionales asumidas por República Dominicana en materia de derechos humanos.
