SANTO DOMINGO. — El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó el Decreto 672-26, mediante el cual dispone que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales especiales se orienten de manera exclusiva a micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes industriales) de producción nacional.
La medida busca impulsar el desarrollo económico del país, fortalecer la manufactura local y dinamizar la generación de empleos directos.
Alcance e instituciones obligadas
La disposición establece que las compras gubernamentales vinculadas a programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, suministro de útiles escolares y asistencia a sectores vulnerables deberán abastecerse directamente de productores industriales dominicanos, sin intermediarios, salvo autorización escrita del fabricante.
Entre las entidades alcanzadas por la norma destacan:
- Área social y educativa: Dirección de Desarrollo Social Supérate, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Ministerio de Educación (Minerd) e Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
- Salud y asistencia comunitaria: Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/CAL y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac).
- Seguridad y defensa: Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
- Sectores vulnerables: Conani y Conape.
El decreto especifica que la medida aplicará únicamente a las contrataciones vinculadas a sus programas e insumos sociales, y estará sujeta a que la industria local mantenga la capacidad de suplir la demanda en volumen y calidad.
Mecanismos de contratación y requisitos
Las compras se realizarán mediante procesos competitivos amparados en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación (Decreto 52-26). Las instituciones deberán identificar la oferta disponible a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). De no hallar proveedores suficientes, deberán publicar un llamado a manifestación de interés.
Para participar, las empresas deberán presentar:
- Registro Industrial emitido por Proindustria.
- Certificación MIPYME otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) —o MIPYME Mujer, según corresponda—.
Las credenciales serán validadas entre plataformas oficiales para evitar la duplicidad de trámites.
Control de calidad y Mesa de Coordinación
El decreto dispone la creación de una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para coordinar el seguimiento, identificar sectores estratégicos y capacitar a los suplidores. Asimismo, la DGCP deberá remitir informes trimestrales de compras al MICM, entidad que elaborará un inventario anual de la oferta industrial nacional.
En materia de calidad, los bienes contratados deberán cumplir rigurosamente con los reglamentos técnicos nacionales. En caso de que un producto carezca de regulación específica, se instruye al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) a priorizar su elaboración. La normativa, que entra en vigor de forma inmediata, contempla además la inclusión de criterios de evaluación en sostenibilidad medioambiental, inclusión social e innovación.
