La Casa Blanca destituyó a Kimberly Guilfoyle de su cargo como embajadora de Estados Unidos en Grecia, tras una serie de informes sobre presuntas irregularidades que provocaron el malestar del presidente Donald Trump y otros funcionarios de su administración.
La decisión fue comunicada el martes por la secretaria de Prensa, Katie Zacharia, quien confirmó que el Gobierno había solicitado la renuncia de Guilfoyle. Horas después, la Casa Blanca recibió su dimisión formal, según un funcionario de la administración.
El presidente Donald Trump justificó la decisión al afirmar que no le gustó lo que había leído sobre las denuncias contra la diplomática. También indicó que no había conversado personalmente con ella sobre el caso.
Entre las acusaciones figuran presuntas solicitudes de dinero a cambio de facilitar acceso a funcionarios del Gobierno estadounidense, la recepción de regalos lujosos y la participación de un cabildero vinculado a una empresa griega en reuniones oficiales.
Uno de los señalamientos fue realizado por Eric Deters, un antiguo contribuyente de Trump, quien aseguró que Guilfoyle le solicitó US$100,000 para pagar una factura de su tarjeta American Express antes de ser confirmada en el cargo.
Los abogados de Guilfoyle rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el dinero correspondía a pagos pendientes por servicios de consultoría y discursos. La exembajadora también calificó los señalamientos de falsos y afirmó que defenderá su reputación.
La salida de Guilfoyle se produjo en medio de crecientes tensiones dentro de la administración. Fuentes citadas por CNN señalaron que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba interesado en que abandonara el puesto tras conocerse los informes sobre su presunta conducta.
La ahora exembajadora asumió sus funciones en Grecia en septiembre de 2025, luego de haber mantenido una relación sentimental con Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente estadounidense. Su vínculo con la familia Trump la convirtió en una figura conocida dentro del movimiento MAGA.
La decisión provocó reacciones entre legisladores demócratas, quienes reclamaron investigaciones y advirtieron que su salida no elimina la necesidad de establecer posibles responsabilidades. La Oficina del Inspector General del Departamento de Estado también revisa las denuncias, según fuentes citadas por medios estadounidenses.
Pese a su destitución, Guilfoyle mantiene su rechazo a las acusaciones. Las autoridades deberán determinar la veracidad de los señalamientos y establecer si existieron violaciones de las normas federales durante su gestión diplomática.
