El expresidente cubano Raúl Castro enfrenta nuevos cargos judiciales en Florida por el derribo de dos avionetas pilotadas por exiliados cubanos en 1996. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el lunes que acusa al exmandatario, de 95 años, de dirigir operaciones de espionaje para infiltrarse en el grupo Hermanos al Rescate y de autorizar el ataque contra sus aeronaves. La acusación estatal por conspiración para cometer asesinato en primer grado se apoya en gran medida en un expediente federal anunciado en mayo, que incluye cargos de asesinato y destrucción de una aeronave.
Según la denuncia estatal, Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba cuando habría dado la autorización final para derribar las avionetas. Agentes de la Dirección de Inteligencia cubana, que operaban como parte de la Red Avispa en Miami y los Cayos de Florida, se infiltraron en Hermanos al Rescate para obtener información sobre sus planes de vuelo. Las autoridades estadounidenses sostienen que esos datos contribuyeron a la operación contra las aeronaves.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade. De acuerdo con la denuncia, cazas MiG cubanos dispararon misiles y derribaron dos de ellas en aguas internacionales, causando la muerte de sus cuatro ocupantes. Funcionarios estadounidenses señalaron que las aeronaves se alejaban de Cuba y que no recibieron advertencias, pese a haber mantenido contacto con el control de tráfico aéreo de La Habana. El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, afirmó que la acusación federal sentó las bases para la posterior presentación de cargos estatales.
Las autoridades estadounidenses reconocen que no está claro si Raúl Castro comparecerá ante un tribunal en Estados Unidos. Uthmeier indicó que la orden de arresto podría limitar los desplazamientos internacionales del exmandatario, especialmente hacia países con acuerdos de extradición con Washington. Mientras tanto, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una maniobra política contra Castro y Cuba. En declaraciones publicadas en su cuenta de X, sostuvo que la acción carece de fundamento jurídico y responde a intereses de políticos contrarios al Gobierno cubano.
Raúl Castro asumió la presidencia de Cuba en 2006, cuando su hermano Fidel Castro enfermó, y entregó el cargo a Miguel Díaz-Canel en 2018. Aunque se retiró en 2021 como primer secretario del Partido Comunista, se considera ampliamente que continúa ejerciendo influencia política. El caso se desarrolla en medio de nuevas tensiones entre Washington y La Habana, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con una acción militar contra Cuba tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del Gobierno cubano. Según el reporte, las medidas estadounidenses contra los suministros de combustible han agravado los apagones, la escasez de alimentos y la crisis económica en la isla.
