La parte querellante considera que las actuaciones de los abogados de Claudia Pérez han retrasado el avance del proceso y confía en que la corte rechazará sus planteamientos.
El conflicto judicial entre la comunicadora Claudia Pérez, conocida como La Tora, e Iluminada Muñoz continúa sumando cuestionamientos, luego de que la representación de la parte querellante criticara la estrategia asumida por la defensa y manifestara su expectativa ante la decisión que deberá adoptar la corte.
Según las declaraciones ofrecidas por la parte querellante, la defensa habría recurrido a una estrategia que ha dificultado el avance de las audiencias, mientras persisten cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de las medidas económicas y judiciales impuestas a Pérez.
La representación de Muñoz también puso en duda la disposición de la imputada de cumplir con las decisiones judiciales y sostuvo que el proceso debe continuar por los canales correspondientes.
“Esperaremos y sabemos que la corte va a rechazar esas acusaciones”, expresó la parte querellante, al manifestar su confianza en que el tribunal resolverá los planteamientos presentados.
OPINIÓN | Las estrategias legales no deben convertirse en obstáculos para la justicia
En cualquier proceso judicial, la defensa tiene pleno derecho a utilizar los recursos que contempla la ley para proteger los intereses de su representada. Sin embargo, también es legítimo que la parte querellante cuestione aquellas actuaciones que, a su juicio, retrasan el conocimiento de una causa.
La diferencia está en que ejercer el derecho a la defensa no es lo mismo que intentar dilatar un proceso. Determinar si existe una maniobra dilatoria corresponde a las autoridades judiciales, a partir de los hechos y las actuaciones procesales.
En el caso de La Tora, las dudas planteadas por la representación de Iluminada Muñoz giran en torno al avance del expediente, las medidas impuestas y las decisiones pendientes de la corte.
La ciudadanía espera que estos asuntos se resuelvan con claridad y que ninguna de las partes quede privada de sus derechos. Si existen obligaciones judiciales vigentes, corresponde a las autoridades verificar su cumplimiento y actuar conforme a la ley.
Porque la justicia puede tener sus procedimientos y sus tiempos, pero las demoras no deben convertirse en una respuesta indefinida para quienes esperan una solución.
Por ahora, la decisión está en manos de la corte. Será ese tribunal el que determine la procedencia de los planteamientos sometidos, mientras ambas partes deberán esperar el resultado dentro del marco legal.
En definitiva, el desafío es que el proceso avance, que se respeten las garantías de la imputada y de la parte querellante, y que las decisiones judiciales se traduzcan en respuestas concretas.
