Decenas de viviendas, comercios y verjas perimetrales fueron demolidos durante esta semana con maquinaria pesada y bajo una fuerte presencia militar, como parte de los trabajos de ampliación de la carretera que conecta Jarabacoa con el municipio de La Vega. Los afectados atribuyen estas acciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y denuncian que las intervenciones se han realizado sin tiempo suficiente para negociar compensaciones y organizar sus traslados.
Los comunitarios calificaron el procedimiento como arbitrario y atropellante, al asegurar que recibieron las primeras comunicaciones formales apenas 20 días antes de las intervenciones. Según sus testimonios, las autoridades les ofrecen montos establecidos por la institución y los presionan para firmar acuerdos de cesión de sus terrenos. Diomedes Marte relató que recibió una notificación el 30 de septiembre y que, después de una reunión para negociar, algunas viviendas fueron demolidas tres días más tarde. Su casa se salvó gracias a la intervención de un conocido, pero la de un vecino de dos niveles fue destruida, pese a que, según los afectados, le habían ofrecido RD$1,800,000.
Los propietarios sostienen que el MOPC pretende pagar RD$1,200 por metro cuadrado de terreno, mientras que el valor de mercado en la zona oscilaría entre RD$4,000 y RD$5,000. También denunciaron que la institución rechaza las tasaciones privadas y exige que se acepten los avalúos realizados por sus propios tasadores. Aunque respaldan la ampliación de la carretera por considerarla necesaria para el desarrollo de la comunidad, cuestionan la forma en que se están ejecutando los desalojos y reclaman evaluaciones adecuadas, compensaciones justas y garantías para reubicarse.
Los residentes afirmaron que la premura de las demoliciones podría estar relacionada con el retraso de la obra y una visita del presidente Luis Abinader prevista en la zona. Según los comunitarios, un ingeniero vinculado al proyecto les habría comentado que existía presión para acelerar los trabajos debido a esa visita. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a los testimonios de los afectados y no se presentan en la información publicada como una explicación oficial del Gobierno.
Entre los perjudicados se encuentra José Lajara, propietario de Recursos Ferreteros, quien denunció que cuadrillas del MOPC derribaron la pared frontal de su negocio sin que se hubiera concretado un acuerdo de compensación ni un plan de traslado. Tras la intervención, tuvo que improvisar una verja de alambre de púas para proteger las mercancías y ahora deberá reconstruir parte del establecimiento y reubicar su almacén. Lajara señaló que su empresa genera cerca de 30 empleos y advirtió sobre las consecuencias económicas de la demolición. Mientras tanto, decenas de propietarios y comerciantes permanecen preocupados ante la posibilidad de perder sus inmuebles por no haber firmado los convenios propuestos por las autoridades.
