La Dirección General de Migración (DGM) eliminó los impedimentos de salida del país que carecían de sustento judicial y permitió que 56,140 ciudadanos recuperaran su derecho a viajar al extranjero sin esas restricciones. La medida fue informada el 21 de octubre de 2026 y responde a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), que instruyó mantener activos únicamente los impedimentos de salida y las alertas migratorias respaldados por una decisión judicial válida.
La actualización del sistema migratorio es el resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y de Migración. Durante ese período, los equipos analizaron registros acumulados desde 1990 para revisar la legalidad y vigencia de las restricciones. Según las instituciones, la auditoría permitió identificar miles de registros que limitaban el derecho al libre tránsito, pese a no contar con una base judicial válida o corresponder a procesos que ya habían cumplido su finalidad.
La Procuraduría explicó que entre los casos detectados figuraban errores administrativos, registros históricos sin identificación individualizada y restricciones vinculadas a procedimientos judiciales concluidos. Ante esta situación, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que se levantaran las restricciones que no cumplieran los requisitos legales, independientemente de quién las hubiera registrado originalmente.
La institución destacó que el proceso no se limita a una modernización de la base de datos, sino que busca corregir irregularidades que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos. La PGR señaló que la iniciativa procura garantizar la libertad personal y el libre tránsito, conforme a los artículos 40 y 46 de la Constitución dominicana, así como a las disposiciones legales aplicables sobre impedimentos de salida y las atribuciones del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta completar la depuración de los registros y poner en funcionamiento un nuevo sistema de interoperabilidad que permita coordinar la colocación y el levantamiento de impedimentos de salida entre las instituciones correspondientes. Según lo informado, la entrada en vigencia de este mecanismo está prevista para diciembre de 2026. Con esta iniciativa, las autoridades buscan evitar que se mantengan restricciones migratorias sin respaldo legal y fortalecer los controles administrativos sobre las alertas vigentes.
