El dirigente político afirmó que se han destinado RD$300 millones al tema penitenciario y señaló que un plan piloto en cinco centros busca enfrentar las debilidades de seguridad en las prisiones.
SANTO DOMINGO.– El dirigente político Guido Gómez Mazara reveló que habría recibido advertencias sobre un supuesto negocio que generaría alrededor de cinco millones de pesos mensuales, presuntamente vinculado a actividades irregulares dentro de los centros penitenciarios, y cuestionó los controles de seguridad para impedir que se cometan delitos desde las cárceles.
Durante sus declaraciones, Gómez Mazara hizo referencia a una denuncia relacionada con un presunto responsable de un caso de sicariato, quien habría señalado la existencia de una posible red de complicidad que facilitaría el uso de teléfonos celulares desde las prisiones.
El dirigente sostuvo que la situación plantea interrogantes sobre la vigilancia en los recintos penitenciarios y la eventual participación de personas que pudieran facilitar estas actividades ilícitas.
RD$300 millones destinados al tema penitenciario
Gómez Mazara destacó que anteriormente no se habían destinado 300 millones de pesos para abordar esta problemática, al tiempo que hizo referencia a los esfuerzos realizados para mejorar las condiciones y los mecanismos de seguridad en el sistema penitenciario.
En ese contexto, explicó que se puso en marcha un plan piloto en cinco centros penitenciarios, como parte de las acciones orientadas a enfrentar las dificultades que afectan el control y la seguridad dentro de las cárceles.
El dirigente también indicó que el pasado viernes sostuvo un encuentro con el director de la Policía Nacional, en el marco de las conversaciones relacionadas con las denuncias sobre actividades delictivas y posibles vínculos con personas recluidas.
Cuestionan controles de seguridad en las cárceles
La presunta utilización de teléfonos celulares para coordinar actividades criminales desde los centros penitenciarios vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia y control en las prisiones dominicanas.
La denuncia apunta a la posible existencia de una estructura de complicidad que permitiría mantener comunicaciones con el exterior, aunque los señalamientos requieren ser investigados y corroborados por las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, los datos disponibles no permiten establecer la identidad de las personas que supuestamente participarían en esa red ni confirmar de manera independiente el monto mensual mencionado por Gómez Mazara.
El caso pone de relieve la importancia de fortalecer los controles penitenciarios, investigar las denuncias sobre posibles irregularidades y determinar si existen responsabilidades individuales o institucionales.
Las afirmaciones sobre la presunta red y el supuesto negocio deberán ser verificadas por las autoridades competentes antes de establecer conclusiones sobre la existencia y el alcance de esas actividades.
