SANTO DOMINGO — Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificaron la prisión preventiva a siete de los ocho implicados en la presunta red de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en el marco de la denominada Operación Cobra 2.0-A.
La corte, integrada por los magistrados Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, rechazó los recursos presentados por las defensas que buscaban la variación de la medida por una menos gravosa. El tribunal argumentó que el arraigo social, laboral, económico y familiar no puede ser el único elemento determinante para descartar la prisión preventiva, debiendo valorarse también la gravedad de los hechos, el perjuicio causado y la pena imponible.
De este modo, se mantuvo la prisión preventiva para los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Variación de medida por confesión
La única excepción fue la procesada Elsa De la Rosa Vásquez, a quien el tribunal le varió la prisión preventiva por arresto domiciliario y grillete electrónico.
Al respecto, el procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó a la salida de la audiencia que esta decisión respondió a que la imputada optó por colaborar.
«Sobre ese recurso hay que señalar que la imputada admitió los hechos en el tribunal, o sea, admitió los hechos que había cometido y que había negado en otras instancias, y la medida que tiene sigue siendo privativa de libertad; el tribunal le impuso un grillete electrónico y arresto domiciliario», detalló Camacho.
El equipo litigante del Ministerio Público que representó a la estatal en la audiencia estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, el procurador de corte José Manuel Aguiló y los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.
Expediente y cargos
Los procesados en el caso enfrentan graves acusaciones penales, entre ellas estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos, lavado de activos y desvío de recursos. La presunta red operaba mediante la facturación de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidad de afiliados y la vulneración de bases de datos del SeNaSa.
En el extenso expediente de la Operación Cobra 2.0-A figuran además decenas de encartados con distintas medidas de coerción, tales como arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país, incluyendo a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, entre otros.
En paralelo a estas incidencias, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, tiene pautado conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción al exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim, y a otros seis imputados vinculados a la misma estructura de corrupción administrativa.
