El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, rechazó el proyecto de ley que busca establecer un régimen especial para reconstruir la identidad y renovar los documentos de personas que enfrentan dificultades por irregularidades o inconsistencias en el Registro Civil dominicano. El dirigente político calificó la iniciativa como un intento de conceder una “amnistía general disfrazada”.
La propuesta fue depositada por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar, y plantea mecanismos para atender los casos de personas que alegan carecer de documentación de identidad. Sin embargo, Rosario considera que el proyecto podría facilitar que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad dominicana mediante un procedimiento de regularización, bajo argumentos humanitarios.
A través de un comunicado de prensa, el dirigente advirtió que la eventual aprobación de la iniciativa podría provocar un incremento de la presencia de ciudadanos extranjeros en el país y generar situaciones de inseguridad que, a su juicio, afectarían la estabilidad nacional. También recordó que en 2014 fue aprobada la Ley 169-14, que estableció procedimientos para regularizar determinados casos relacionados con el Registro Civil y la nacionalidad.
Rosario manifestó preocupación por el momento en que fue presentada la propuesta, tomando en cuenta que el próximo año comenzará el período electoral que culminará con las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de febrero y mayo de 2028. En ese sentido, atribuyó a la iniciativa posibles intereses electorales y no exclusivamente humanitarios, al considerar que podría afectar la legitimidad y transparencia de los procesos electorales.
El dirigente sostuvo que la identidad personal está vinculada a la filiación y al ejercicio de derechos civiles, políticos y económicos, por lo que cualquier legislación que desconozca esos principios podría ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Recomendó a las personas afectadas acudir individualmente a los tribunales para que cada situación sea evaluada por las autoridades competentes. Asimismo, reclamó la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
